El Poder Ejecutivo de Tucumán aplicó un veto parcial a la flamante Ley de Emergencia Económica y Social para Entidades Deportivas y Sociales, que había sido aprobada por la Legislatura provincial con el objetivo de proteger el patrimonio de clubes, asociaciones culturales y otras organizaciones sin fines de lucro en medio del difícil contexto económico.
La norma, sancionada a fines de marzo por iniciativa del bloque oficialista y promulgada bajo el número 9.868, buscaba brindar herramientas legales para asegurar la continuidad de funciones sociales esenciales, especialmente en barrios vulnerables. Sin embargo, el Gobierno provincial observó que algunos artículos excedían sus competencias constitucionales y vulneraban normativas del derecho civil nacional, lo que motivó el veto de tres artículos centrales.
Entre los puntos vetados se destacan el artículo 2°, que declaraba inembargables los bienes muebles, inmuebles y registrables de estas entidades; el artículo 3°, que extendía esa protección a los fondos que administran; y el artículo 10°, que establecía la retroactividad de los beneficios, abarcando deudas anteriores a la sanción de la ley.
Según se indica en el Decreto N° 826/3, firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía y Producción Daniel Abad, los artículos vetados “incursionan en materia regulada por el derecho de fondo, de competencia exclusiva del Congreso Nacional”. Se citó el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional, que reserva al Congreso la facultad de legislar sobre el Código Civil y Comercial.
La objeción al artículo 10, en tanto, se basa en que contradice el artículo 7 del Código Civil y Comercial, que prohíbe expresamente la retroactividad de las leyes, salvo disposición en contrario. “Aplicar esta ley a deudas previas pondría en riesgo la seguridad jurídica y afectaría derechos adquiridos”, señala el dictamen técnico que acompañó el veto.
Pese al recorte, la ley fue promulgada con el resto de sus disposiciones vigentes. Declara de interés social los bienes de asociaciones civiles formalmente registradas y suspende las ejecuciones judiciales hasta el 31 de diciembre de 2025, en lo que se mantiene como uno de los principales alivios legales para este tipo de instituciones.
La iniciativa original fue impulsada por los legisladores Roque Tobías Álvarez, Mario Leito y Tulio Caponio, quienes argumentaron que los clubes barriales cumplen una función social fundamental y que muchas de estas instituciones están atravesando una situación crítica que amenaza su supervivencia. “El cierre de estas entidades impactaría negativamente en miles de chicos y jóvenes que hoy encuentran contención, actividad física y comunidad en estos espacios”, señalaron durante el debate.
Desde el Ejecutivo, no obstante, aclararon que el veto no significa desatender la realidad de estas organizaciones, sino respetar los límites constitucionales de la legislación provincial. También indicaron que continuarán buscando alternativas para sostener el funcionamiento de los clubes, dentro del marco legal vigente.
Con este escenario, la Legislatura deberá ahora decidir si insiste con la redacción original de los artículos vetados —requiriendo mayoría especial— o si acepta las modificaciones dispuestas por el gobernador. Mientras tanto, la discusión sobre cómo sostener el tejido social representado por los clubes y asociaciones continúa abierta.
Fuente: Contexto Tucumán
14 de Abril de 2025