Por Daniel Kiper
Mauricio Macri vuelve a ofrecer las sociedades anónimas deportivas como una solución para el fútbol argentino. Habla de modernización, inversiones y libertad de elegir. Pero el cambio que propone tiene una consecuencia concreta: que los clubes dejen de pertenecer a sus socios y pasen a responder a don Dinero. Los socios somos los dueños de los clubes. Con las SAD, perderemos el poder de gobernarlos. Nos quieren convertir en clientes.
Los clubes argentinos son asociaciones civiles porque nacieron del esfuerzo colectivo. Generaciones de socios levantaron sus sedes, construyeron sus canchas y sostuvieron sus actividades. Ese patrimonio tiene una historia y una finalidad social. No fue reunido para convertirse en una oportunidad de negocios. Resulta inaceptable sustituir el propósito de fomentar el deporte y la vida cultural y social por el de repartir dividendos.
La diferencia es fundamental: una institución deportiva debe procurar recursos para cumplir sus fines. Una empresa puede utilizar el deporte para obtener ganancias. Y esas ganancias no siempre coinciden con el interés del club.
Se puede ganar dinero formando deportistas, construyendo instalaciones y ganando campeonatos. Pero también se puede obtener rentabilidad vendiendo terrenos, encareciendo las actividades o reduciendo la inversión en disciplinas que no producen beneficios económicos. Un balance puede mejorar mientras el club pierde aquello que justifica su existencia.
El riesgo inmobiliario merece especial atención. En River hubo un proyecto de mudanza que contemplaba vender los terrenos del Monumental para financiar un nuevo estadio. En el predio que ocupaba Tiro Federal, el Gobierno de la Ciudad subastó las tierras para un desarrollo inmobiliario. Son operaciones distintas de una conversión en SAD, pero muestran el interés económico que despiertan esos espacios.
Pensemos en Excursionistas: para un inversor, sus terrenos podrían resultar más atractivos como lugar para construir oficinas o departamentos que como espacio deportivo, social y recreativo. Para sus socios y su barrio, el valor está precisamente en las actividades que allí se realizan. ¿Qué criterio prevalecerá si el poder de decidir queda en manos de quien busca maximizar su inversión?
También importa quién controla a los equipos. Si un mismo interés económico participara en clubes que deben competir entre sí, ¿cómo se protegería la independencia de sus decisiones? ¿Qué ocurriría si el beneficio del conjunto de los negocios aconsejara sacrificar a uno de ellos? La integridad deportiva exige respuestas que la promesa de inversiones no proporciona.
Lo mismo sucede con el semillero. Formar deportistas demanda años, infraestructura y acompañamiento. Para una comunidad, es parte de la misión del club. Para quien busca ganancias rápidas, puede convertirse en un costo que conviene recortar. Y las actividades sociales, recreativas y culturales pueden terminar sometidas a una pregunta excluyente: cuánto dinero dejan.
Cuando Macri elogia que en Talleres haya alguien que sea «como el dueño», deja expuesta su concepción. En una asociación civil ningún dirigente es dueño. Hay socios y autoridades elegidas para administrar un patrimonio que no les pertenece personalmente. Confundir liderazgo con propiedad es empezar a borrar ese límite.
Defiendo las asociaciones civiles por convicción. Su gobierno democrático, su arraigo comunitario y la obligación de destinar sus recursos a la propia institución son valores que debemos fortalecer. Necesitan gestión profesional, transparencia y controles efectivos. Necesitan dirigentes que rindan cuentas. Ninguna de esas exigencias requiere accionistas.
La mala administración no justifica entregar el club. Justifica exigir responsabilidades. Y presentar la privatización como única salida para una institución endeudada convierte su necesidad en una oportunidad para quien espera quedarse con ella.
En ese tramo de la entrevista, Rodolfo D’Onofrio dejó pasar estas afirmaciones sin discutirlas. Quien presidió River conoce la diferencia entre conducir un club y ser su propietario. También sabe cuánto puede construirse bajo el modelo de asociación civil.
Por eso su silencio preocupa. Porque cuando se propone desplazar a los socios del gobierno de sus clubes, quien presidió River debería tener algo que decir. La defensa de las asociaciones civiles también se ejerce frente a los amigos y debe alcanzar a los clubes que no tienen la fortaleza económica de River.
Vienen por los clubes. Presentan el dinero como una garantía de progreso y omiten explicar cuánto perderán los socios a cambio.
Los clubes pertenecen a sus socios. Ese principio merece una defensa clara, firme y sin excepciones.